Somos
todos concientes que existe una
Declaración Universal de
Derechos Humanos que en su base
expresa que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad
y derechos. En nuestra Carta Magna,
encontramos en su Art. 8 que "todas
las personas son iguales ante la
ley no reconociéndose otra
distinción entre ellos sino
la de los talentos o las virtudes"
Es
así que, implícitamente,
toda persona, dispone de una serie
de derechos y libertades entre los
cuales debemos incluir a la seguridad
social, el derecho al trabajo, al
descanso y recreo, el derecho a
un nivel de vida adecuado, el derecho
a la educación. Es evidente
pues que todas aquellas personas
discapacitadas mentales, sensoriales
o físicas, han heredado los
mismos derechos, pero también
es evidente que para su realización
se requiere un esfuerzo no solo
de estas personas, sino también
de su entorno familiar y de la propia
comunidad.
Es muy difícil encontrar
un país que tengan los servicios
adecuados para lograr este fin.
Algunos están en condiciones
más ventajosas y disponen
de los medios e instituciones que
desarrollan una actividad sumamente
importante en busca del objetivo
expresado. Pero, sería vital
que cada país dispusiera
una mayor prioridad a la solución
de este problema.
Sería
importante que cada país
promulgara una completa legislación
que contribuya a derribar al muro
de los prejuicios y discriminaciones
que impiden la participación
activa de las personas que presentan
discapacidad en la sociedad. Las
barreras físicas y sociales
creadas por la propia discapacidad.
Debe pues, promulgarse las leyes,
disposiciones y reglamentaciones
que posibiliten corregir esta lamentable
situación.
En
síntesis, una legislación
adecuada, eficazmente administrada
y respaldada económicamente,
es la única base racional
para garantizar el logro de este
gran objetivo.
Que
lindo sería augurar un futuro
"ideal" donde los derechos
humanos de los individuos estén
protegidos por una sociedad integrada
por personas cuya educación
y madurez de actitud ha eliminado
todas las formas de prejuicios y
discriminaciones que hoy encontramos,
asegurando una ansiada igualdad
de oportunidades para todos.
Recordemos
que las leyes no cambian el pensamiento
y actitudes de una sociedad, pero,
ayudan a cambiarlas y a la vez a
incorporar nuevas ideas.
La
promulgación de una ley,
no nos asegura el objetivo buscado.
Una ley inoperante puede hacer más
daño que bien para todos
aquellos que trabajan por la integración.
A
continuación, ofrecemos una
cuidadosa recopilación de
normas y disposiciones de carácter
nacional e internacional, que entendemos
resultarán de gran beneficio
para quienes están comprendidos
dentro de la temática o desean
incursionar en la misma y requieren
conocer el amparo legal existente
en favor de la causa.
Nuestro
trabajo no se agota con la presente
publicación. Las personas
con discapacidad y sus organizaciones,
trabajan permanentemente para que
esta legislación se mantenga
actualizada, manteniendo una fluida
relación con legisladores,
organizaciones de índole
nacional e internacional que asegure
esa constante evolución que
requiere la mencionada temática.